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Se trata de cambios a tres leyes y la creación de una, todas aprobadas por el Congreso de la Unión en febrero pasado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo.
El ministro ponente, Javier Laynez, explicó que los legisladores cometieron graves violaciones al proceso legislativo, por lo que propuso la invalidez del decreto. “Que todo ello amerita la necesidad de omitir ciertos trámites parlamentarios, sobre todo, el trámite de dictaminación, por lo que, igual que en el precedente (primera parte del plan B), se considera acreditada esta violación al proceso legislativo”, explicó.
Agregó que dos violaciones más confirmaron el carácter invalidante del decreto, al verse afectada la deliberación democrática y el proceso legislativo.
Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel votaron contra el proyecto, argumentando que los errores del Congreso no afectaban la validez de las reformas y que la Corte no debe involucrarse en los procesos legislativos.
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