Con espionaje telefónico, FGR acorrala a líderes criminales

Las escuchas telefónicas siempre han sido vitales para que la FGR pueda fundamentar sus casos en temas de delincuencia organizada y no perder juicios en tribunales.

La intervención de comunicaciones privadas en la administración de la 4T le ha permitido detener a líderes del narcotráfico y conocer la forma de operar de bandas que han pactado con cárteles, además de descubrir presuntos tratos entre abogados y personal judicial para liberar a sospechosos de delitos. Lo anterior es una facultad legal con la que cuenta la Fiscalía General de la República para combatir la delincuencia organizada. Te recomendamos: Secuestradores y líderes del narco, los casos de la juez que liberó a ‘El Mochomo’​Para conocer la importancia de esta medida basta un ejemplo: De enero de 2015 a diciembre de 2017, jueces federales aprobaron 2 mil 198 solicitudes que realizó la entonces Procuraduría General de la República para intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas. La mayor parte de las peticiones fueron de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como de las delegaciones de la PGR en los estados de Querétaro, Quintana Roo, Michoacán, Colima, Nuevo León y Campeche, y de otras áreas. El agente del Ministerio Público intervino comunicaciones telefónicas y electrónicas de usuarios de 23 empresas, entre las que destacan Radio Móvil Dipsa (Telcel), Movistar, Maxcom Telecomunicaciones, Iusacell, Operbes, Google, Microsoft, Bestphone, Avantel, NII Digital, Cablevisión y Alestra, entre otras. Corte abrió la puerta La intervención de comunicaciones no es el único recurso con que cuenta la FGR, sino también la geolocalización de teléfonos celulares en tiempo real, medida de la que también pueden hacer uso fiscalías y procuradurías estatales. Sin embargo, esta medida fue delimitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2018 cuando invalidó el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente de 2014 a junio de 2016. Los ministros puntualizaron que solo debe aplicarse contra algunos delitos graves y cuando está en riesgo inminente la vida de la víctima, pero no puede ser utilizada para indagar cualquier delito. En marzo de 2019, la FGR pudo confirmar que existe un “pacto de no agresión” entre las bandas la Unión Tepito y el autodenominado cártel de Tláhuac, con la organización criminal más poderosa y peligrosa del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo anterior fue resultado de las intervenciones telefónicas a Luis Felipe “N”, El Felipillo, presunto líder del cártel Tláhuac, y de sus medias hermanas Diana Karen “N”, La Princesa o La Negra, así como de Samantha “N”, La Sam. Todos son hijos de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, extinto líder de la citada organización criminal, abatido el 20 de julio de 2017 tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en la colonia La Conchita Zapotitlán, alcaldía de Tláhuac. El Ministerio Público Federal corroboró que El Felipillo conoce a los líderes de La Unión Tepito y del Cártel de Jalisco Nueva Generación y que se había impedido que entraran en conflicto por el control de la venta de drogas y de otros actos ilícitos que llevan a cabo en la Ciudad de México y municipios del Estado de México. La caída del líder A inicios de 2019, la FGR intervino el teléfono de Mario Alberto Cárdenas Medina, El Betillo o El Betito, líder del cártel del Golfo y sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén, lo que permitió conocer que estaba involucrado en el secuestro y tráfico de indocumentados en Tamaulipas, así como en el trasiego de drogas y en la compra de armamento. Durante varias semanas lo siguieron desde la calle Crestón, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía de Álvaro Obregón, hasta la Plaza de Garibaldi, a donde iba continuamente. La FGR documentó conversaciones con las personas identificadas como Chicuito, Bebo, El Pildoras, Nachito, Willy y Sergio Lanzagorta; también con Víctor Manuel Vázquez Mireles (uno de los líderes históricos del cártel actualmente libre), así como con la licenciada, persona que es conducto por el que se comunica con su padre (Mario Cárdenas Guillén, El M-1), preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El Betillo daba órdenes por vía telefónica a los demás miembros en Tamaulipas que se dedicaban al tráfico de armas, droga y personas y también “llevando y bajando dinero”. El Mochomo Recientemente, la FGR dio a conocer que un secretario de acuerdos del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México presuntamente solicitó dinero para dejar libre a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, supuesto líder de Guerreros Unidos. La FGR intervino hace unos días la conversación telefónica entre Francelia Salgado Patiño, madre de El Mochomo, con un abogado de nombre Juan, litigante que le informó que todo estaba listo para beneficiar a su hijo. La madre de El Mochomo dijo estar de acuerdo con apoyar al secretario, de quien no se menciona el nombre, e incluso le dijo a su abogado que le diga que “son gente seria” y que el dinero se lo entregaran cuando su hijo sea liberado, es decir, “dando y dando”. Por su parte, el presidente de Andrés Manuel López Obrador ha negado que su gobierno utilice algún sistema de espionaje como lo hicieron otras administraciones, para vigilar a sus enemigos políticos. Ha insistido que su administración no persigue a nadie, pese a que él fue ya víctima, cuando se encontró el año pasado una “cámara espía” en Palacio Nacional.