En España, el duro paso del sector editorial hacia la “nueva realidad”

Madrid. Las ciudades españolas van recuperando su trasiego habitual poco a poco y con profundos cambios en el comportamiento de las personas, en el tránsito hacia la llamada nueva realidad.

El sector editorial, que da empleo directo e indirecto a más de 30 mil personas en el país y representa algo más de 0.7 por ciento del PIB, afronta los primeros días de la desescalada de la cuarentena con mucha zozobra y más incertidumbre sobre el futuro inmediato y de largo plazo. Librerías, editoriales y distribuidores mantienen su frágil subsistencia con alfileres y muchos de ellos gracias a las escasas ayudas que ha otorgado el Estado para evitar que naufrague del todo.

La mayoría de las librerías de Madrid y Barcelona permanecen cerradas. Algunas iniciaron labores cuando el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció las fases de la desescalada y en la primera consideraba autorización para reabrir los locales comerciales de menos de 400 metros cuadrados. Pero las condiciones son muy difíciles de asumir. Por ejemplo, si una librería decide admitir clientes se tiene que hacer cita previa, además de que debe adaptar el negocio a la nueva realidad, es decir, instalar mamparas protectoras de metacrilato y tener gel desinfectante, y sólo hasta entrar en la segunda fase los clientes pueden ingresar al local.

Por ejemplo, si hoy una persona quiere comprar un libro en Madrid o Barcelona, primero tendría que hacer la cita por Internet o por teléfono. Una vez hecha, puede acudir a la puerta del local, adonde en ningún caso podrá entrar. También tiene prohibido tocar o simplemente hojear un libro por el temor de que ese simple gesto sea un foco de contagio.

Según datos de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), este sector mueve anualmente cerca de 4 mil millones de euros (0.7 por ciento del PIB). Su composición es parecida a la del resto de países europeos, es decir, existe un pequeño número de grandes editores que producen la mayoría de los títulos y generan la mayor parte de la cifra de negocio, y un gran número de pequeños editores muy tendentes a la especialización. Las más de 800 empresas agrupadas en la FGEE representan prácticamente la totalidad del sector y en el año reciente editaron más de 300 millones de libros.

La pandemia provocó, como en casi todo el mundo, la paralización de la actividad comercial. En el sector editorial el eslabón más afectado fueron las librerías, sobre todo las pequeñas y las especializadas, a pesar de que muchas han intentado crear nuevas formas de comercialización y de repartir a domicilio.

Las cifras son contundentes: la semana del 16 al 22 de marzo las ventas de ejemplares se redujeron en 80.44 por ciento con respecto a la semana anterior, que ya registraba pérdidas. Este porcentaje se traduce en 570 mil 994 ejemplares menos vendidos y en el descenso de las ventas en más de 8 millones de euros, lo que representa una pérdida de 84 por ciento. Al igual que con el cierre parcial, esta caída es aún mayor si la comparamos con el mismo periodo del año anterior, en el que las ventas rondaban 12 millones y medio de euros, es decir, una reducción de 10 millones 861 mil 580 euros en una semana.

En abril los datos han sido parecidos, a lo que se ha sumado que el sector no pudo vivir con normalidad algunas de sus actividades más importantes del año: el Día del Libro, el Sant Jordi en Cataluña y la Feria del Libro de Madrid.

Enrique Pascual –director de la prestigiosa red de librerías Marcial Pons, que también funciona como editorial, y presidente del Gremio de Librerías de Madrid– confirmó a La Jornada que la situación es muy delicada. Su caso no es el más preocupante, pues no pararon del todo, ya que han mantenido sus ventas por Internet –que antes de la pandemia ya funcionaban bastante bien– y han seguido exportando a otros países, sobre todo México, Chile, Colombia y Argentina. Además, a la mayor parte de su plantilla le aplicaron un expediente de regulación temporal del empleo, lo que significa que 75 por ciento del salario lo asume el Estado durante el tiempo que dure la crisis y como medida de excepción para evitar el cierre de la empresa.
LA JORNADA