Línea Estratégica

Desnudos ante la pandemia

Por: Francisco Zea

Me pregunto: ¿cómo demonios llegamos a esto?, ¿en qué momento nos extraviamos?, ¿cuándo vale más la confrontación que la vida del otro? Tan sólo en la Ciudad de México se han presentado 2,299 casos confirmados del coronavirus, con 178 defunciones, según cifras oficiales, y si atendemos al modelo centinela, podríamos hablar de casi 19 mil contagios y una cifra perdida de fallecidos diagnosticados con neumonía atípica.

Ante este panorama, gobernadores de toda la República han sido enfáticos en corregirle la plana al gobierno federal. Es el caso de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, que se quejó de la mala calidad de los equipos de protección enviados a los trabajadores de la salud, lo que considera una falta de respeto, por lo que no aceptará el material. En el mismo sentido, Enrique Alfaro, de Jalisco, estableció la obligatoriedad de las medidas de aislamiento social, imponiendo sanciones de hasta 36 horas de cárcel a quien las incumpla. En cuanto a las cifras de contagiados, Alfaro acusó al gobierno y su vocero de maquillar los números, dejando sobre la mesa sus diferencias con el Ejecutivo federal y el cómo han manejado la situación. En el caso de Baja California, Jaime Bonilla, supuestamente aliado y amigo del Presidente, ha acusado que los informes del gobierno federal tienen hasta dos semanas de desfase, tomando en cuenta que el estado ha contabilizado 81 muertes y 652 contagios. No se puede explicar por qué las personas que mueren hoy en una entidad se contabilizan con 15 días de retraso. Incluso reclamó los datos de reducción de movilidad en Baja California, pues, asegura, están tomadas de una plataforma de Apple sin tener en cuenta a usuarios de Android o Huawei.

Quien enfrenta un reto colosal es el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en primer lugar, por la naturaleza de la actividad económica del estado, con vocación eminentemente turística, donde los servicios están suspendidos y una gran cantidad de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios han tenido que recortar su plantilla laboral, lo que, según el primer reporte de la Secretaría del Trabajo, ha arrojado 63,847 personas que perdieron su empleo, lo que, en sí mismo, es un problema mayúsculo, ante el cual está preparando un ambicioso plan de recuperación económica de la mano de los líderes hoteleros y turísticos. En segundo lugar, no le ha temblado la mano para dictar medidas que extremen el distanciamiento social con el fin de romper la cadena de contagio. Ha restringido la movilidad, exceptuando a quienes realicen actividades esenciales, ha ordenado el cierre de avenidas principales, estableciendo filtros sanitarios, ha prohibido las reuniones públicas, determinó el uso obligatorio de cubrebocas y el abasto familiar tendrá que ser en la tienda más cercana al domicilio. Además, los ciudadanos deberán contestar una vez a la semana el cuestionario sobre el COVID-19 para ubicar y aislar casos de contagio, también ordenó que sólo deben abrir establecimientos esenciales y quien incumpla esta medida será duramente castigado, asimismo se limitará el horario de venta de bebidas alcohólicas. Sin duda, me parece que las medidas de Carlos Joaquín son valientes y, aunque implican un costo político, las vidas de los quintanarroenses son, por supuesto, más valiosas que cualquier cálculo.

Resulta paradójico que las medidas más fuertes y presuntamente más eficaces se encuentren desconectadas de las del gobierno federal. Pero lo que más me preocupa es esta locura de país que estamos generando, en donde nadie tiene confianza en nadie, en donde las autoridades, a veces con buena fe y otras inmersos en la lógica político-electoral, se descalifican unos a otros, con la participación de algunos compañeros periodistas, dándole, literalmente, en la “madre” a la de por sí erosionada confianza de la opinión pública en el manejo de esta crisis en todos los niveles de gobierno.

Me queda más que claro que, si seguimos así, sin tomar una decisión de país, de cómo enfrentaremos esta desgracia, primero de salud y después en el terremoto económico que va a dejar importantes secuelas en los hogares mexicanos, vamos a acabar, primero, locos y, después, pobres. Ante esto, de verdad lamento la calidad de la clase política de este país, porque, en este sentido, tengo que darle la razón al Presidente, sus adversarios están derrotados. Todos le tienen pánico a la Unidad de Inteligencia Financiera por una simple razón, no conozco a uno que su estilo de vida vaya acorde a los ingresos que ha tenido por la vía legal. Por eso no hay quien pueda ponérsele en un diálogo frontal e inteligente al Presidente. Porque son producto de la “peorcracia”, la forma de gobierno en donde gobiernan los peores por los peores motivos. No tienen ni “cataplines” ni cara para plantarse enfrente y reprocharle.

Excélsior