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Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México.
El medio digital mexicano Animal Político retomó una entrevista publicada por el Diario de Cuba el 8 de junio con la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Olivia López Arellano. Allí explicaba los términos del acuerdo entre esa instancia y el Gobierno de Cuba para la contratación de 585 médicos de este último país.
Su misión consistiría en ayudar a combatir la pandemia de covid-19 en la capital mexicana, con un pago de US$ 6,2 millones por un plazo indefinido (se puede suponer que al mes) durante el tiempo que fueran útiles y necesarios.
Se encuentran alojados gratuitamente en el Hotel Benidorm, gracias a una serie de donaciones de los hoteleros de la Ciudad de México. La funcionaria indicó que todos los médicos eran “voluntarios” y que estaban perfectamente capacitados. Hasta hoy, no ha accedido a la solicitud de Animal Político de permitir una entrevista con el jefe de la brigada isleña.
Llueve sobre mojado. Desde abril han aparecido notas informativas en los medios mexicanos, y varios comentarios en medios nacionales y extranjeros (incluyendo del autor de esta columna, de Andrés Oppenheimer, de Octavio Gómez Dantés) ofreciendo versiones semejantes sobre el mismo tema.
Un primer reportaje publicado en el diario Reforma el 8 de mayo, informaba que un contingente de médicos cubanos fue alojado en el Hotel Imperial y en el Fiesta Americana de la Avenida Paseo de la Reforma. De los 720 médicos cubanos, la mayoría permanecería en el Valle de México; algunos fueron despachados a los estados de Puebla y Chihuahua.
Asimismo, el 21 de mayo apareció una noticia en el Diario de Xalapa sobre la llegada a Veracruz de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 215 médicos adicionales (según La Jornada, cercano al régimen cubano, y otros medios, fueron 108), que en principio se instalarían en ese estado para atender allí a víctimas del virus.
El envío de médicos cubanos tiene antecedentes locales e internacionales.
Durante la primera década de este siglo y según lo reseñan varios medios mexicanos y me lo dijo él mismo, el entonces gobernador de Coahuila Humberto Moreira invitó a un número de doctores de la isla a realizar operaciones de cataratas en unidades móviles, junto con profesores y entrenadores deportivos.
Algunos años después, el Gobierno del estado de Michoacán contrató a unos 300 instructores para fines de alfabetización, según una conversación que sostuvo el que aquí escribe con el gobernador Silvano Aureoles.
El régimen de Fidel Castro comenzó a enviar a médicos a otros países desde 1963, cuando un contingente pequeño fue destacado en Argelia. Desde entonces, decenas de miles de cubanos han viajado a numerosos países de Asia, África y América Latina, sobre todo a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Brasil.
El esquema, conocido por reportajes y análisis en The Economist, Nexos y el contrato entre el Gobierno de Cuba y el de Argelia de épocas recientes es más o menos el mismo en cada caso.
El gobierno destinatario pacta con La Habana el número de médicos, sus especialidades y el plazo durante el cual permanecerán en dicho país. Ese gobierno le paga al régimen castrista una suma de entre US$ 5.000 y US$ 10.000 al mes por cada doctor. Las autoridades isleñas, a su vez, le entregan una pequeña parte —entre US$ 300 y US$ 600— a cada doctor, embolsándose lo demás, salvo un pago mensual adicional que será devengado cuando cada médico vuelva a Cuba.
Casi siempre, las familias se mantienen en Cuba, y un “jurídico” viaja con la brigada como comisario político para vigilar a los médicos e impedir demasiado contacto de estos con la prensa, la población no paciente, colegas, etc.
Por todas estas razones, las relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas, así como Human Rights Watch y los gobiernos que despidieron a los cubanos (Bolivia) o que los orillaron a regresar (Brasil) han pedido explicaciones al Gobierno de Cuba. Asimismo, muchos observadores consideran que no solo los médicos no reciben una remuneración justa, sino que trabajan en condiciones inaceptables en un país de libertades.
La Habana y los gobiernos anfitriones suelen responder que los doctores son “voluntarios”, que su envío al extranjero es una importante fuente de divisas y que cumplen una función insustituible. Y que además, ese dinero sirve para sostener el Sistema interno de salud pública.
En México, el debate apenas comienza, ya que el reportaje de Animal Político lo detonó hace pocos días. Varios comentaristas han objetado el hecho, criticando el precio exorbitante que cobra Cuba, o han informado de quejas de los médicos mexicanos sobre la conducta y la competencia de los médicos cubanos.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, preguntó por Twitter: “¿Sabrá López Obrador que los médicos cubanos en México no tienen derechos? Sus pasaportes son retenidos por la Embajada de Cuba; su familia cubana no los puede visitar; la mayor parte de lo que ganan lo reciben en Cuba si tienen buena conducta, etc.”
La pregunta de fondo es si se trata de un episodio pasajero, limitado en su extensión y a la vigencia de la pandemia o si más bien, como en otros países con gobiernos amigos del castrismo, esto se volverá permanente, se extenderá en sus dimensiones y pronto adquirirá un cariz político.
El Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no ha dado una respuesta pública a esta interrogante. Pero a otros gobiernos les ha asegurado en privado que la presencia cubana solo corresponde a una carencia temporal de médicos mexicanos. Cada quien puede creer la versión que prefiera. Habiendo seguido, estudiado y vivido la experiencia cubana desde principios de los años 70, y conociendo la enorme simpatía de López Obrador y de sus colaboradores por Fidel Castro y su legado, me temo que nos hallamos ante un tema que es todo menos efímero. Van en serio.
