La cadena productiva de Pemex está a punto de reventar. La miseria de Octavio Romero y Marcos Herrería fue tal, que entre 8 mil y 10 mil trabajadores perderán su empleo en las próximas semanas.
Son obreros de decenas de contratistas que ya no pueden ser sostenidos más porque la empresa improductiva del Estado no pagó deudas, pero sí implementó ajustes que implican suspensión de contratos.
Las medidas no sólo echarán a la calle a cientos de empleados que habían reactivado plazas como Ciudad del Carmen y Villahermosa, sino que las empresas para las que trabajan se irán a la quiebra.
De la noche a la mañana Romero y Herrería, los pupilos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cortaron gran parte de los servicios que se requieren en instalaciones marinas.
De manera unilateral suspendieron 60 embarcaciones. La afectación es para TMM de José Serrano, MexMar de Alfredo Miguel Bejos, N. Bourbon de Gerardo Sánchez Shultz y Marinsa de José Luis Zavala.
Asimismo, apunte a Naviera Integral de Juan Pablo Vega, Técnicas Marítimas de Tomás Milmo, Micoperi de Fabio Bartolloti, Hydra Marine de Mario Solache y Tide Water de Juan Ignacio Seara.
En servicios de mantenimiento el golpe alcanza a Typhoon de Benjamín Salinas, Diavaz de Luis Vázquez, Evya de Fausto Miranda, Demar de Dennis Chow y Grupo R de Ramiro Garza.
Pemex también ya notificó la suspensión de 15 contratos para plataformas de extracción de petróleo en la Sonda de Campeche. De 43 estructuras con que cerró mayo se quedará con 28 para diciembre.
Cinco pertenecen a la china COSL que preside Dong Tienjun, tres son de Seadrill de John Fredriksen, dos de Perforadora Central de Patricio Álvarez Morphy y dos de Goimar de Humberto Issasi.
La lista continúa con una de Perforadora Latina de Adolfo del Valle Ruiz y tres más de Perforadora México, de Germán Larrea, que incluso ya informó a Pemex que tras esa rescisión se irá irremediablemente a quiebra.
El desorden de Chano y Chon (así de plano les dicen ya a Romero y a Herrería) provocó semanas atrás que Banorte se levantara de la mesa, agarrara todas sus canicas y dejara colgando a contratistas.
Y es que Pemex les neutralizó el cobro de decenas de facturas de factoraje, generando ya un daño patrimonial al banco de Carlos Hank. No se descarta que otras instituciones sigan el mismo camino.
Muchos afectados tienen préstamos o emisiones de deuda pública alentados por los planes de la 4T. Esos mismos registran cuentas por cobrar del orden de 400 millones de dólares.
Halliburton, que preside Jeff Miller, es otro al que no le pagan. Recién le decía que está minimizando operaciones en México. Su responsable aquí, Hermes Aguirre, ya notificó cierres de oficinas.
POR CIERTO QUE una empresa a la que este vendaval le vino ‘como anillo al dedo’ es al Grupo Huerta Madre. Toda la casta tabasqueña apuntala a su dueño, Manuel Santandreu, que pian pianito está ‘rapiñando’ más y más obras en la nueva refinería de Dos Bocas con todo el apoyo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Para los trabajos de relleno y habilitación de terrenos a la holandesa Van Oord le metieron de última hora de socio a Santandreu, que a la postre se quedaría con el contrato cercano a 5 mil millones de pesos. Pero apenas el mes pasado a Grupo Huerta Madre le adjudicaron sin licitación de por medio la construcción de 14 edificios corporativos por otros 4 mil millones.
UNA MÁS DE los de la 4T: Alejandro del Valle es el socio de Carlos Cabal en el proyecto de modernización del Banco del Bienestar, que dirige Rabindranath Salazar. Es un personaje interesante. Entre sus negocios está el manejo de remesas provenientes de Estados Unidos a través de Penny Money. Es un hombre de negocios forjado en el Estado de México, cercano a Arturo Montiel y Enrique Peña. Con Isidro Pastor fue activo promotor del voto a través de Fuerza Mexiquense. Trabó buena relación con Gabriel García, el jefe de los superdelegados de Andrés Manuel López Obrador, mucho antes de que ganara las elecciones de 2018. Cabal apareció poco después. Dicen que es el poder atrás de Del Valle.
CEMEX, DE ROGELIO Zambrano, emite hoy mil millones de dólares en notas sénior. Los recursos servirán para mejorar su perfil de deuda. BBVA de Eduardo Osuna, Citibanamex de Manuel Romo, JPMorgan de Felipe García-Moreno y el Credit Agricole de Octavio Lievano lideran la emisión. Como colíderes apunte a Bank of America-Merril Lynch, HSBC, ING y Mizuho Securities. El grupo tiene una deuda por 4 mil 120 millones de dólares, de los que 121 millones de dólares son a pagar este año. Los regiomontanos también se adelantan a un escenario complicado. Aquí sus prestamistas además de esos bancos son Banorte de Carlos Hank, Santander de Héctor Grisi y Bancomext de Carlos Noriega.
POR LO QUE hace a Aeroméxico, se le está complicando el levantamiento de más capital. La compañía dirigida por Andrés Conesa fracasó en su intento de obtener 110 millones de dólares del Bancomext o Nafinsa. Simplemente imposible dada la negativa de Andrés Manuel López Obrador de ‘rescatar’ grandes empresas, de ahí que los pupilos de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo estén tratando ahora de monetizar aviones de su propiedad. La aerolínea que preside Javier Arrigunaga posee una flota de 125 aparatos, de los que alrededor de 30 son suyos. Con Boeing están tratando de hacer un sale & lease back pero ya se imaginará que todas las aerolíneas del mundo están en lo mismo.
EL CONSEJO de la Judicatura Federal dio el banderazo para que el Poder Judicial reciba a partir de ya nuevas solicitudes o demandas de concursos mercatiles. En un comunicado del 3 de junio la instancia que preside Arturo Zaldívar aclaró dudas. Los jueces podrán admitir nuevos casos, dictar medidas cautelares de protección a empresas y suspender procedimientos, como las visitas a negocios hasta en tanto se normalicen las actividades. También con el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, se trabaja ya la metodología para la recepción de demandas, expedientes y demás aspectos de manera electrónica. El lunes caerán los primeros casos.
GUSTAVO DE HOYOS se sumó al reclamo del sector privado por lo sucedido con el Fondo Durango para el rescate de empleos, por el que se canalizaron 50 millones de pesos para otorgar créditos preferenciales a empresarios regionales y que terminaron repartidos entre funcionarios públicos y altos directivos delegacionales de los organismos empresariales. Entre los beneficiarios está Alejandro Wallander, esposo de su presidenta de la Comisión de Medio Ambiente a nivel nacional, Mayté Vivo Prieto, a quien le extendieron una línea de financiamiento por hasta 500 mil pesos.
EL FINANCIERO.