El presidente ha insistido en que miles de soldados armados tomarán la calles si no cesa la violencia por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a los gobernadores de los 50 estados que componen ese país con desplegar a las Fuerzas Armadas para contener las protestas que llevan asolando a la primera potencia mundial desde que hace una semana el policía Dereck Chauvin asesinó el Minneapolis a George Floyd, un afroamericano que había sido denunciado por pagar con un billete falso de 20 dólares (18 euros).
“Vamos a acabar con el caos, vamos a acabar con la anarquía”, dijo Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, mientras la policía cargaba con gases lacrimógenos y balas de goma contra varios cientos de manifestantes que protestaban pacíficamente frente a la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos dijo que “soy vuestro presidente de la ley y el orden”, y proclamó que “nuestro país siempre gana. Por esa razón estoy tomando una acción presidencial inmediata para detener la violencia y restaurar la seguridad en Estados Unidos. Estoy movilizando todos los recursos disponibles, civiles y militares, del Estado federal para detener el saqueo y las revueltas”. Trump declaró que “he enviado miles y miles de soldados fuertemente armados y de personal militar” a la ciudad de Washington, que lleva sufriendo saqueos generalizados y disturbios desde hace tres días.
En realidad, los “miles y miles” de soldados de la Guardia Nacional (una sección de las Fuerzas Armadas equiparable a la Reserva, aunque es diferente de ésta) eran 800, tal y como confirmó el Departamento de Defensa. El presidente puede enviarlos a Washington porque la ciudad tiene un estatus similar a una colonia y, por tanto, carece de autogobierno.
La cuestión está en los 50 estados del país. Ahí, en teoría, las Fuerzas Armadas no pueden ser desplegadas para realizar funciones de defensa de la ley “salvo que se trate de una insurrección, una secesión (EEUU no reconoce el derecho a la autodeterminación de sus territorios), o una asamblea, obstrucción, o combinación (sic) contra la autoridad de Estados Unidos”. Esa función debe ser desempeñada por las Guardias Nacionales de cada estado. Y, hasta la fecha, 21 estados han movilizado a sus Guardias Nacionales para hacer frente a los disturbios y saqueos, en los que han muerto seis personas.
Los manifestantes y saqueadores no son ninguna una amenaza para el Estado de EEUU. Pero, con esas bases legales – una, de 1807; la otra, de 1878 – Trump puede tener la puerta abierta para lanzar al Ejército a patrullar las calles. Hace 27 años y medio, en los disturbios raciales de Los Angeles, el presidente George Bush envió al Ejército de Tierra y a los Marines a la segunda mayor ciudad de Estados Unidos para frenar una oleada de violencia en la que murieron 63 personas, la mayor parte de ellas de origen asiáticos e hispano, a manos de afroamericanos que protestaban por la absolución de los policías que habían apaleado salvajemente a una persona de esa raza, Rodney King.
Trump dijo que “hoy he dicho a cada gobernador que despliegue la Guardia Nacional en número suficiente para dominar las calles”. Y, entonces, vino su amenaza: “Si las ciudades y los estados rehúsan tomar las acciones necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, yo desplegaré las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y les resolveré rápidamente el problema”.
Trump calificó a los manifestantes violentos de “terroristas domésticos” (en EEUU es difícil legalmente calificar de terrorista a una persona que no sea extranjera) y proclamó que el derramamiento de sangre “es un crimen contra Dios”. El presidente puso mucho cuidado en dirigirse a su base electoral. Cuando habló de “proteger los derechos constitucionales” mencionó explícitamente “la Segunda Enmienda”, es decir, el controvertido segmento de la Constitución que una parte del país usa como argumento para tener acceso a todo tipo de armas.
Después del discurso, el presidente de EEUU lanzó su mensaje al voto evangélico, que es uno de sus principales apoyos. Así que salió de la Casa Blanca y cruzó la calle por el cordón de seguridad abierto por la policía para hacerse una foto frente a la sacristía de la Iglesia de St. John’s. La obispa de la Iglesia Episcopal que tiene bajo su jurisdicción el templo, Mariann Budde, condenó el discurso de Trump en términos muy duros. Budde, en declaraciones al ‘Washington Post’, afirmó que el presidente no había preguntado por el estado del templo, ni pedido permiso “para hacerse una foto propagandística” con la iglesia “como decorado”. En todo caso, Trump se hizo las fotos. Cuando una periodista le preguntó, “esa Biblia ¿es suya?”, el presidente le respondió con una frase que resume la jornada: “No haga preguntas”.
Después del discurso, el presidente de EEUU lanzó su mensaje al voto evangélico, que es uno de sus principales apoyos. Así que salió de la Casa Blanca y cruzó la calle por el cordón de seguridad abierto por la policía para hacerse una foto frente a la sacristía de la Iglesia de St. John’s. La obispa de la Iglesia Episcopal que tiene bajo su jurisdicción el templo, Mariann Budde, condenó el discurso de Trump en términos muy duros. Budde, en declaraciones al ‘Washington Post’, afirmó que el presidente no había preguntado por el estado del templo, ni pedido permiso “para hacerse una foto propagandística” con la iglesia “como decorado”. En todo caso, Trump se hizo las fotos. Cuando una periodista le preguntó, “esa Biblia ¿es suya?”, el presidente le respondió con una frase que resume la jornada: “No haga preguntas”.
Su gesto ha encontrado rápidamente enérgicas respuestas. Quien fuera su rival en la carrera presidencial, la demócrata Hillary Clinton, ha tildado lo sucedido de “horripilante utilización del poder presidencial contra los ciudadanos”. “Voten”, ha animado.