Nahle y sus aliados, objetos de críticas en el gobierno de la 4T de Veracruz

Ella y sus colocados son investigados por violencia política, señalados por corrupción y por polémica ley para que peleé la gubernatura.

Xalapa, Ver.- En Veracruz, funcionarios cercanos a la titular de la Secretaría de Energía (Sener) Rocío Nahle García enfrentan críticas sobre su desempeño en puestos claves para el gobierno de la denominada Cuarta Transformación. Los señalamientos contra personas “acomodadas” o ligadas a la también Senadora escalan a lo largo de esta administración.
Uno de ellos es el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, quien es investigado por violencia política. En el Congreso local, el legislador de Morena, Amado Cruz Malpica generó controversia por haber propuesto la llamada “Ley Nahle”, que tendería el camino a la oriunda de Zacatecas para figurar en la política de Veracruz en los próximos años.
Según la oposición dicha propuesta permitiría a Nahle García aspirar por la gubernatura en 2024, al considerar veracruzanos a aquellos padres de niños y niñas nacidos en territorio estatal, como es el caso de la también Senadora con licencia.
Por su parte, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, hombre ligado a la secretaria, ha generado críticas por su trabajo en la atención de la pandemia de covid-19, campañas de prevención por el dengue y numerosas licitaciones directas que ha realizado desde que llegó al puesto.
Finalmente la propia funcionaria federal fue criticada por la cancelación de un contrato por 114 millones 91 mil 800 pesos asignado a la empresa Bidcom Energy S.A., después de que medios de comunicación exhibieran una presunta red de intereses en los procesos de licitación del gobierno federal.
Dicha resolución en contra la emitió el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de la Delegación Ciudad de México Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa a la compra de 100 ventiladores volumétricos para brindar asistencia a pacientes con covid-19.
Aunque la propuesta de Bidcom Energy S.A. de C.V. resultó la más viable, el IMSS canceló el convenio dado que la empresa, vinculada a Arturo Quintanilla Hayek incumplió con la entrega de la fianza y de los bienes.
Quintanilla Hayek es reconocido por la propia titular de la Sener como “su compadre”, y a la vez, se le asocia a la “Red Pro-Nahle”: un círculo de políticos y empresarios “recomendados” por la funcionaria, quien cuenta con la estima del presidente Andrés Manuel López Obrador.
EL COMPADRE DE NAHLE
En la zona sur el “compadre” Quintanilla Hayek lo mismo opera empresas de bienes raíces y construcción, que herramientas especializadas, renta equipos hidráulicos, es empresario minero, maneja fondos de inversión, seguros, asesoría especializada, esparcimiento, restaurantes y campos deportivos.
Ejemplo de lo anterior, por medio de la razón social “Gravas del Sureste S.A.” Arturo Quintanilla igual operaría el relleno sanitario de Coatzacoalcos en el municipio de Chinameca, en un predio propiedad de la familia Quintanilla Hayek, según dan cuenta medios de la zona.
Sin embargo, el Cabildo y el pueblo de Chinameca se opusieron a dicha resolución. El fallido cabildeo le costó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez el primero de sus grandes yerros en lo que va de su administración, pues reunidos en el parque central, entre rechiflas de la población, gritos y molestia, lo obligaron a dar marcha atrás con el proyecto, mismo que tenía la aprobación pública del presidente.
El codeo de Nahle García con la alta clase empresarial de Coatzacoalcos no es nuevo. Desde la primera aspiración presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hay registros del trabajo que ha realizado en la zona.
En 2005 Nahle recibió la encomienda de promover el voto por Andrés Manuel en el puerto, sin embargo sus aliados del PRD la acusaron de invertir el dinero de la campaña previa en comidas y reuniones con la clase alta de Coatzacoalcos y dejar prácticamente nada para los votantes en las colonias.
Ya en el cargo de Secretaria de Energía, es la iniciativa privada la principal crítica contra Rocío Nahle ante la debacle en los precios del petróleo mexicano y la falta de apertura de energía renovable.
El 20 de abril, el precio del petróleo de Estados Unidos sufrió una caída por debajo de los cero dólares por barril, y por lo tanto, la mezcla mexicana se ubicó en -2.37 dólares por barril, en su mínimo histórico.
Aún con los precios ínfimos del crudo, Nahle García enfatizó el 23 de abril que el proyecto de refinería de Dos Bocas, Tabasco, no sería cancelado y al contrario seguiría adelante a pesar de las dudas de opositores y expertos en su rentabilidad.
Otra polémica que desató la Secretaria fue el pasado 16 de mayo, con la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Centro Nacional de Control de Energía y por el cual tanto la embajada de Canadá en México, como la Unión Europea, alertaron sobre los riesgos en las inversiones extranjeras en el sector de las energías renovables.
Y es que en el terreno de la energía limpia, ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power generan más de 1000 empleos e invierten cerca de 450 millones de dólares, que se verían afectadas por la disposición oficial.
BASTIÓN SUREÑO
En medio de este panorama en el sur del estado, a su equipo -que incluye al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo; los diputados de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz, Amado Jesús Cruz Malpica y Mónica Robles Barajas; el Secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor y la Secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago- tampoco le ha ido nada bien.
Y si bien la propia Rocío Nahle ha señalado públicamente sus aspiraciones, el equipo político a cargo de su estrategia acumula un historial de resultados negativos y acusaciones de derroches con recursos públicos.
Ejemplo de lo anterior ocurre en Coatzacoalcos, donde el alcalde Víctor Carranza enfrenta elevados índices de inseguridad y violencia en el municipio.
A lo anterior, se agrega la acusación por el pago de honorarios a una consultoría en imagen afín a la Secretaria de Energía. Es el caso de la empresa “Marvaz Comunicación y Estrategia”, de Mary Vázquez Guízar, vocera de la funcionaria federal.
El 28 de diciembre del 2018, el presidente Carranza Rosaldo consideró que la empresa “hizo un bien” por la imagen del municipio y “desquitó” el pago del Ayuntamiento a la empresa, calculada en una suma de 400 mil pesos.
Además, el servidor público pidió a los medios “olvidar” las cuestiones relativas a los costos erogados para la supuesta mejora de la imagen del municipio.
“Olvidémonos de esas cuestiones, yo creo que siempre hay que hablar claro y transparente cómo hemos sido”, indicó.
La tormenta para Víctor Carranza se prolongó durante los meses siguientes de su administración, cuando la inseguridad aumentó en el municipio y elevó el número de homicidios dolosos y secuestro.
Dentro de su gestión la ciudadanía vivió el peor episodio de violencia para Coatzacoalcos, cuando el 27 de agosto un comando atacó e incendió el centro nocturno Caballo Blanco, con un saldo de 31 personas muertas.
Otra de las acusaciones contra Carranza Rosaldo es la violencia política por razón de género en contra de su síndica Yazmín Martínez Irigoyen.
Por lo anterior, la Sala Regional Xalapa (SRX) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) iniciar una investigación amplia y transparente en su contra a raíz del juicio para la defensa de los derechos ciudadanos promovido por la Sindica.
Otro de los puntos negativos para el alcalde de Coatzacoalcos es la incapacidad de aplicar medidas para mitigar la dispersión del coronavirus en el municipio, en donde se reportan 285 casos confirmados, 85 casos sospechosos y 50 defunciones.
SECRETARIOS INCÓMODOS
Parte de dicho yerro lo comparte con el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, exdirector del Hospital de Coatzacoalcos, e igual, uno de los “recomendados” del primer círculo de Rocío Nahle.
Aparte de ser el funcionario estatal más cuestionado en su comparecencia ante el Congreso del Estado, Ramos Alor es relacionado con las más de 300 adjudicaciones directas otorgadas a proveedoras de la Secretaría de Salud.
El pasado 23 de abril, E-Consulta Veracruz evidenció 10 contratos directos de la SS y que suman 604 millones 387 mil 144 pesos.
Entre los beneficiarios de Ramos Alor destacan algunas empresas asociadas al “cartel de la sangre” -que acaparan insumos médicos y los venden a sobreprecio-, entre estas Pharmacur S.A. de C.V., con un monto de 26 millones 509 mil 407 pesos para proporcionar el servicio integral de bancos de sangre, y uno a Impromed por un monto mínimo de 59 millones 527 mil 581 pesos y uno máximo por 100 millones de pesos.
Otra aliada de Rocío Nahle es la Secretaria de Turismo Xóchitl Arbesú Lago, empresaria del ramo del municipio de Minatitlán, y acusada de aprobar facturas por viáticos de empleados en establecimientos de lujo, a cuenta del presupuesto de la dependencia.
Es el caso del Asesor de la Secretaría, Guillermo Guzmán Mayo, quien el 23 de junio de 2019, pagó 1,800 pesos por una noche en el cómodo Aloft Cancún, ubicado en la exclusiva Zona Hotelera de Cancún, y dotado de bar, sala de entretenimiento y roof-pool.
El funcionario de la Sectur, importado del ayuntamiento de Centro (Villahermosa), además disfrutó de una amena comida y del entretenimiento de las camareras en el Hooters de la Zona Hotelera, con un costo de 352 pesos, con cargo a tarjeta bancaria.
Además, la dependencia derrochó mil pesos por un servicio de traslado pagado a la agencia “Cancun Cabs Agency S de RL de CV”.
Otra de las debacles de la Sectur es la nulidad de programas de promoción para incentivar el hospedaje en la ciudad de Xalapa, además de las pérdidas para los inversionistas de Cumbre Tajín 2020, debido al pobre cartel artístico y la posterior cancelación del evento por la pandemia de coronavirus el 18 de marzo de 2020.
ALLANANDO EL CAMINO
Una iniciativa de reforma a la Constitución local promovida en el Congreso del Estado, llamado “Ley Nahle” allana el camino a la Secretaria de Energía, en su aspiración por la gubernatura de Veracruz.
El pasado 2 de mayo, con el arranque del Segundo Período de Sesiones Ordinarias, el diputado por el Distrito de Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica presentó una iniciativa de reforma al Artículo 11 de la Constitución, dado que este define como “veracruzanos” y “veracruzanas” a las personas nacidas en el estado de Veracruz y a los hijos e hijas de padre o madre veracruzana.
La propuesta de Amado Cruz contempla extender el término “veracruzano” o “veracruzana” a las personas cuyos hijos o hijas nacieron en el territorio estatal.
“Nuestra propuesta es que se considere también veracruzanos a quienes hayan tenido también descendencia en el estado de Veracruz”, justificó el legislador local.
Consideró que parte de la ampliación de los derechos humanos, es útil para las personas que emigraron al estado de Veracruz para invertir, construir una familia o simplemente trabajar.
“Se ha querido descalificar esta propuesta por parte de los partidos opositores, señalando que tiene una connotación de carácter electoral y que se trata de beneficiar a actores políticos en concreto frente a esta calidad de veracruzanos”, dijo.
De avanzar la fase de discusión en comisiones y de aprobarse en el Congreso, Rocío Nahle, nacida en Zacatecas, no contaría con ningún impedimento para contender por la gubernatura, aspiración que ha reconocido la propia secretaria.
En el caso de Amado Cruz, coordinó la bancada de Morena en la 64 legislatura, de 2016 a 2018 y pudo administrar los recursos asignados para cada diputado local afín a la causa de la Regeneración Nacional.
Sin embargo, con el inicio de una nueva legislatura, la número 65, Cruz Malpica no pudo revalidar dicha coordinación e inició una contienda interna contra la aspiración de Juan Javier Gómez Cazarín.
Al final, el diputado de Coatzacoalcos no sólo quedó desplazado de la posibilidad de coordinar la bancada y la Junta de Coordinación Política, sino el propio grupo legislativo minimizó sus participaciones.
La cercanía con Rocío Nahle además “congeló” los proyectos legislativos de la diputada de Coatzacoalcos Mónica Robles Barajas, principalmente en su propuesta de avalar el matrimonio igualitario en el estado de Veracruz.
Lo anterior por medio de la propuesta de reforma al artículo 75 del Código Civil, y por la cual, la legisladora proponía conceder derechos a las personas del mismo sexo con un vínculo afectivo entre ellos.
Recientemente, Robles Barajas admitió que la iniciativa quedó excluida totalmente, dado que los diputados locales consideran que no existen las condiciones para impulsar la modificación al Código Civil.
En ese sentido, fuentes cercanas a la diputada advierten de un acercamiento de la morenista con la corriente del titular de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, cercano al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

e-CV