Se dio 24 horas al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, María Luisa Albores, para la integración a programas sociales.
Una juez federal abrió la puerta para que las personas que carecen de apoyo económico y alimentario durante la emergencia sanitaria que enfrenta México por el virus covid-19, puedan ser integradas a programas sociales para salvaguardar su integridad. Yadira Elizabeth Medina Alcántara, juez Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión de plano y dio 24 horas al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, María Luisa Albores, para que integren a un quejoso a un programa social.
La demanda de garantías fue promovida por el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano, quien representa legalmente a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que tiene en sus manos asuntos de alto impacto. En el amparo, el litigante impugnó la falta de apoyo económico y alimentario por parte del presidente y de la secretaria de Bienestar, por el cierre de actividades ante la emergencia sanitaria. La juez mencionó que el acto reclamado tiene un impacto en el derecho a la alimentación y a la salud.
En la resolución se menciona que es obligación del Estado salvaguardar el derecho a la alimentación y a la salud; además, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y en especial a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La juez señaló que la plena realización del derecho humano a la alimentación y a la salud son requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de dichos derechos en la vida humana y de las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables.
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