En mayo de 2019 el comisario de la Policía Federal, Oliver González, anunció la creación del sistema Digitus, que contendría toda la información de los mexicanos.
Digitus es un proyecto fantasma del que ni la Guardia Nacional ni la extinta Policía Federal tienen registro o expediente alguno, a pesar que las autoridades anunciaron su creación el año pasado. Se trata de una base de datos biométricos que formaría parte de la estrategia de seguridad del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En mayo de 2019 el Comisario Oliver González, titular de la coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la entonces Policía Federal, quién hoy es encargado interino de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional anunció su creación. El funcionario dijo entonces que la Policía Federal trabajaría con conjunto con bancos y aseguradoras para crear, en el bienio siguiente, dos instrumentos que contendrían toda la información biométrica de los mexicanos: una base de datos de este tipo y, por otra parte, la cédula única de identificación. González anunció así una iniciativa que estaba contenida en la Estrategia de Seguridad Pública del Gobierno de la República presentada en febrero y cuyo decreto de aprobación fue publicado en mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. En uno de los ocho ejes de acción de la estrategia, el que corresponde a Seguridad pública, seguridad nacional y paz señala “Construir las bases para la creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado”. Oliver González explicó hace 14 meses que “esta es una de las metas que se ha establecido. Su presentación no será este año, ya que la estrategia se acaba de presentar, sin embargo, se trabajará con aseguradoras y bancos, entre otros sectores”. De la propuesta, un reciclaje de una iniciativa del gobierno del ex presidente Felipe Calderón que emitió un decreto para reformar la Ley General de Población con la finalidad de implementar un sistema de identificación biométrica (Cédula de Identidad Personal), no se sabía lo más básico: qué datos biométricos incluirían y qué institución sería responsable de salvaguardarlos. Durazo también habló de esta iniciativa. El 12 de junio de 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) emitió el boletín 486/19, que informó sobre la Primera Sesión Ordinaria de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en la que los titulares de seguridad del Estado de México, Puebla, Guerrero, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos y Alfonso Durazo y otros funcionarios acordaron hacer lo necesario para la operación y vigencia de Digitus. “También se acordó implementar las estrategias que garanticen la operación y vigencia de la Red Nacional de Radiocomunicación, los servicios de Atención a Emergencias 911, la base biométrica Digitus y la modernización de Plataforma México, a fin de crear instrumentos de consulta e información para la prevención de delitos”. Finalmente, en la entrevista que brindó a un medio de comunicación, Oliver González detalló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, giró instrucciones específicas para que la Policía Federal supervise el cumplimiento de la estrategia a través del comisionado general, Arturo Jiménez. No obstante ello, la respuesta a una solicitud de información acerca de esta base indica que no existe. “Se hace de su conocimiento que la información corresponde a la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a la Dirección General Científica y a la Dirección General de Normatividad, Convenios y Contratos de conformidad a las atribuciones conferidas en los artículos 30, 36 y 53 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, quienes después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida en sus archivos de trámite, archivos de concentración, registros internos y libros de gobierno, indicaron que no se localizó la información solicitada por lo que (…) se declara la inexistencia de la información, por no haberse elaborado u obtenido el documento con la información. Independientemente de ello, la solicitud sigue su curso a través de un acuerdo dado a conocer por una Comisionada del instituto Nacional de Acceso a la Información en el que se continúa solicitando el argumento de la autoridad por el que no ha dado la información solicitada.
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