Empresarios de Xalapa niegan que gobernador los haya convocado

Tras afectaciones a negocios Ejecutivo presumió reunión con empresarios, pero líderes de cámaras niegan acercamiento y acusan omisión.

Xalapa, Ver.- Empresarios xalapeños negaron que, tras los daños provocados por encapuchados durante protestas en el centro de Xalapa el pasado 8 de junio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez los haya convocado a reunión virtual para atender el tema, como el Ejecutivo sostuvo en sus redes sociales.
En entrevista líderes de cámaras de la iniciativa privada dijeron que no saben con quién dialogó el mandatario, pues a ellos no les les ha respondido su exigencia de aplicar justicia en este caso. Ellos exigen que ya no se repitan marchas que ponen en riesgo la seguridad de ciudadanos, de trabajadores y que dañan a comercios.
Ahora, en el marco de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Xalapa, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la ciudad, Luis Sánchez Ávila, criticó la falta de respuesta institucional.
Especialmente cuestionó la justificación del mandatario veracruzano de no caer en provocaciones en este tipo de movilizaciones por tratarse de “una provocación celada”.
“Estaban las patrullas de Tránsito y ellos los iban escoltando (a los encapuchados), posiblemente porque hayan pedido permiso; sin embargo, no me cabe en la cabeza cómo desde el principio de la marcha empezaron a hacer desórdenes y no se hayan tenido las acciones de acuerdo con los daños que estaban haciendo”, declaró
Sánchez Ávila cuestionó si estas marchas con personas encapuchadas que generan destrozos se presentaran durante la visita de López Obrador, el Gobierno de Veracruz tendría la misma respuesta. Además, dijo que no se debe descartar que López Obrador esté intranquilo por la situación en la capital del Estado.
“La visita podría ser un mensaje de que el presidente se está preocupando por la ciudad que visita; sin embargo, crea un momento de inestabilidad e inseguridad por su presencia, por la posibilidad de que haya otra marcha igual por donde va a andar. Qué haría el Gobernador o la fuerza pública si pasara la misma marcha en el lugar en que va a estar el presidente, ¿actuarían igual?”, cuestionó.
CRUZAN LOS BRAZOS, PERO PIDEN DENUNCIAR
En la protesta del pasado 8 de junio, algunos de los inconformes pidieron alto a abusos policiacos, sin embargo, un grupo de encapuchados dañaron comercios, recintos religiosos e incluso inmuebles propiedad de la administración estatal y del Ayuntamiento de Xalapa, dejando pérdidas millonarias difíciles de cuantificar.
Horas después ambos niveles de Gobierno advirtieron que no presentarían denuncias por los inmuebles públicos perjudicados, aunque pidieron al resto de afectados proceder legalmente ante las instancias correspondientes, es decir, la Fiscalía General del Estado.
Ante ello, el líder de la Coparmex en Xalapa consideró que la justificación de no interponer denuncias porque no son un Gobierno represor deja en duda el cumplimiento de su responsabilidad como autoridad y se debe considerar como una omisión deliberada.
“No denunciar los daños que sufrieron edificios públicos es una omisión de cualquier funcionario de cualquier nivel y tienen responsabilidad (…); dónde quedan los derechos de los ciudadanos, de los comerciantes, el patrimonio de todo lo que fue robado o dañado como cristales, aparadores, bancos y dónde quedó la confianza en las autoridades para las inversiones”.
Luis Sánchez Ávila dijo que esto es lo que más preocupa a los empresarios porque aparte de las pérdidas se cortó de tajo la confianza para invertir en la ciudad, ante una autoridad que no otorga garantías.
“Se queda la desconfianza, queda impregnada en el interior de la persona que fue agredida porque no sabe si llegarán mañana (grupos encapuchados) y el Gobierno que tiene la responsabilidad de cuidar la seguridad y no permitir este tipo de acciones no vaya a hacer nada y eso es peor que cualquier otra cosa: la pérdida de la confianza”, subrayó.
DIFÍCIL CUANTIFICAR DESTRUCCIÓN
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reportó quebrantos por 20 millones de pesos a causa de los daños provocados durante la manifestación.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador en Xalapa (CCE), Octavio Augusto Jiménez Silva, confirmó que ni él, ni los empresarios adheridos a esta cámara, se enlazaron con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez por videoconferencia.
Esto a pesar de que el mandatario posteó en redes sociales el siguiente mensaje: “Nos reunimos con empresarios xalapeños y el alcalde Hipólito Rodríguez para atender el tema de seguridad en la zona. Continuaremos trabajando en conjunto para implementar acciones en materia de prevención y combate al delito, así como fortalecimiento de la seguridad”.
En su postura oficial el Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad descalificó todo acto que atente en contra de la paz de la sociedad y del patrimonio público y privado. A la par hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se establezca una estrategia de seguridad eficaz a fin de evitar hechos como los suscitados en la marcha, y exigieron que se aplique la Ley.
Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, dijo que al menos 50 negocios del centro de la ciudad resultaron afectados, por lo que demandó que se castigue a los responsables generando “un escarmiento” y que estos actos vandálicos no se repitan.
“Hay indignación porque hubo ausencia de la autoridad. Prácticamente nos dejaron solos y se les permitió causar muchos destrozos”, lamentó ante medios de comunicación.
Ante ello, el presidente de Coparmex, Luis Sánchez Ávila, preguntó por qué si los elementos policiacos están preparados para contener manifestaciones violetas en esta ocasión no lo hicieron, situación que genera suspicacias.
“Si a estos locos se les pasa la mano y se van contra un empleado o un ciudadano y se defiende, se puede llegar a cosas más radicales (…). No estamos pidiendo confrontaciones ni violaciones a los derechos humanos, estamos pidiendo una forma de controlar a manifestantes que estén agresivos, que haya contención porque cualquier fuerza pública tiene capacitación en esto a fin de evitar destrozos y desmanes, sin que se tengan que violar derechos humanos. Si no puede hacer esto una fuerza pública quedamos en un Estado de indefensión muy grave y esto se tiene que corregir de inmediato”, demandó.
Agregó que, si Cuitláhuac García no quiere actuar contra protestas violentas debido a que el pasado ha recurrido a la manifestación en sus luchas sociales, tal y como lo dejó entrever la semana pasada en la Televisión Pública estatal, debe recordar que sus obligaciones y responsabilidades están plasmadas en la Constitución, no en cuestiones personales.
“La presión política, la presión ciudadana, de los sindicatos, empresarios y hasta presidencial, no quita su responsabilidad social que tiene en la seguridad, en la salud, economía, de estabilidad, de buscar un bien común. No podemos estar a expensas de lo que piense, sus responsabilidades y sus obligaciones están muy claras en la Constitución y una de estas es garantizar la seguridad de todos”, consideró el empresario.
Advirtió que, de seguir la omisión de las autoridades, pronto Veracruz “quedará despoblado” por la falta de confianza, de seguridad y de comunicación de las autoridades. Previó que tanto los empresarios como los ciudadanos pueden optar por autoprotegerse con armas o algún tipo de protocolo de seguridad si esto vuelve a ocurrir, lo que no conviene a nadie.
“Cualquier ciudadano cuando vandalizan su casa, o algún comerciante al que le llegan a robar, siempre se va a aprender algo y se tendrá que contar con un protocolo (…) la gente se tiene que informar de qué es una legítima defensa, qué es tener un arma, qué es lo que se puede tener y en qué situaciones se puede proteger la vida propia, de sus colaboradores, de la familia, del patrimonio, en sus pertenencias.
“Se debe buscar la forma de que no puedan lograr entrar a los comercios, a las casas, a las oficinas para salvaguardar la vida de todos. Empleados, dueños, proveedores, clientes y para salvaguardar el patrimonio que durante tantos años se ha hecho y no se vale que el Gobierno con la responsabilidad que tiene no la ejerza”, planteó.
IGLESIA SE SUMA A RECLAMOS
Hay que recordar que no solo los empresarios demandaron justicia y castigo para los responsables de estos actos, también los hicieron las iglesias católica y evangélica debido a que sus templos resultaron afectados.
El jueves 11 de junio organizaciones católicas y la Arquidiócesis de Xalapa exigieron castigo a los responsables de los daños y de los “sacrilegios” que han sufrido algunos templos.
Señalaron que durante la manifestación golpearon la puerta del templo expiatorio, el Beaterio e ingresaron para romper una imagen religiosa. Finalmente, en la Catedral Metropolitana, símbolo de la capital del Estado, también hubo daños y agresiones que estuvieron a punto de derivar en una confrontación entre fieles y vándalos.
Los religiosos criticaron la contradicción de que mientras todo esto sucedía, patrullas de tránsito escoltaron a los manifestantes
“Es una expresión de grave impunidad que no se puede solapar: lamentamos que ante esta manifestación no haya protocolos de seguridad preventiva y que se haya expuesto a personas que laboran en negocios o caminaban por la calle; condenamos este tipo de agresiones que abonan a la descomposición social”, expusieron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.
También criticaron la actitud de la autoridad estatal y municipal por no denunciar estos actos pues se trata de una “falsa tolerancia” que pone en riesgo la seguridad de las personas.
“Exigimos que se respete el estado de derecho para convivir pacíficamente en esta ciudad; la arquidiócesis comparte malestar, impotencia y reclamo que distintos sectores de la sociedad que han manifestado su preocupación por este comportamiento anárquico; lamentamos que se haga costumbre la agresión a espacios sagrados, y otros públicos y privados”.
Por su parte, la Primera Iglesia Bautista de Xalapa anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de daños provocados a su templo ubicado en la avenida Manuel Ávila Camacho.
El pastor Armando Díaz Salazar dijo que los perjuicios fueron la destrucción de dos vitrales y pintas con mensajes obscenos en la fachada.
“Un grupo de personas rompieron dos vitrales y son importantes no por el valor económico, sino el simbólico porque son obras de arte, y cuestan caros, los destrozaron y pintarrajearon con groserías la fachada del templo”.
Como respuesta, el Gobierno del Estado se ofreció a pagar los daños provocados por los manifestantes, lo mismo que en el caso de los daños causados a templos católicos.
Finalmente, este domingo durante su homilía el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, reprochó que las autoridades municipales y estatales, no se hayan comprometido para remediar los actos vandálicos ocasionados por la protesta dos.
“Esto atenta contra el estado de Derecho, porque además van contra terceros, contra personas que no tienen nada que ver. Le pedimos a Dios y a las autoridades que esto no se repita y que sea controlado”, expresó Reyes Larios a la comunidad católica.

e-CV