4T vs. IP: la otra (insana) distancia

Desacuerdos, planes descartados, cambios de rumbo y visiones distintas de país han abierto una brecha cada vez más amplia entre el sector privado y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un escenario económico como el que enfrenta México, se trata de una receta para el desastre.

Siempre hubo ‘pique’ entre los empresarios y el presidente, pero esperaban que al llegar al poder formalmente serían más pragmáticos, eso se acabó pronto. ¿Cuándo? Muchos recuerdan cuando un grupo de asesores se acercó con la gente del gobierno que veía el tema de la cancelación del NAIM y les preguntaron si habían tomado en cuenta el tema del cross default, es decir, si el gobierno no pagaba la deuda y los papeles emitidos para construir el aeropuerto, la repercusión sería más amplia y afectaría otras obligaciones oficiales.

Lo escalaron en Hacienda y aun así decidieron pagar a los inversionistas dólar por dólar ese adeudo por la cancelación. Ese día caímos en la cuenta de que el gobierno tomaría decisiones económicas basadas en la política, no en los números”. -Un empresario afiliado a un organismo gremial.

¿Cuándo comenzó realmente la separación entre los empresarios y el gobierno federal? ¿Con la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco? ¿El día que una consulta popular echó atrás una planta de Constellation Brands en Baja California? ¿Con la negativa del presidente a apoyar la economía con estímulos fiscales urgentes frente a la pandemia de COVID-19?

Depende a quién se le pregunte.

El relato inicial de este texto, al igual que otros más adelante, fue compartido con la condición de anonimato, pues se trataron de reuniones privadas o por personas que mantienen, o tratan de hacerlo, una relación directa con el gobierno para sus actividades y temen represalias. Todas fueron corroboradas e ilustran la brecha que se ha abierto entre la iniciativa privada y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apuesta a una agenda social, en la que muchas veces los empresarios son sinónimo de obstáculo.

“Hay un diálogo, pero nadie escucha”, asegura Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y uno de los opositores más vocales al primer mandatario dentro de la iniciativa privada. “Hay canales de comunicación abiertos, pero hay visiones demasiado divergentes y en ocasiones mutuamente excluyentes que no permiten la construcción de una agenda conjunta para el país”.

El líder empresarial menciona que una de las cosas que más han ‘frustrado’ a la iniciativa privada es que, pese a sostener reuniones con frecuencia y mesas de discusión para encontrar un punto medio entre lo que el gobierno pretende y lo que los empresarios necesitan, las autoridades toman un camino distinto al acordado y frecuentemente son objeto de ataques verbales por parte del presidente.

“La distancia entre lo que se nos dice en privado y lo que se dice en público es grande”, afirma. “Es difícil trabajar así”.

“Dos empresarios, uno del sector textil y otro del manufacturero, llegaron a una reunión poco antes de que empezara la cuarentena por el coronavirus y discutían que el gobierno no les había dado claridad sobre una serie de estímulos que habían pedido para enfrentar la crisis que se avecinaba. Uno de ellos comentó: ‘Me dijeron que eso lo iba a ver la Secretaría de Economía’. El otro respondió: ‘¿Todavía existe la Secretaría de Economía?’”. -Un abogado de una empresa trasnacional.

Coordinarse con el gobierno federal en lo que va del sexenio de López Obrador ha sido un reto para los empresarios, pues las estructuras de diálogo quedaron trastocadas.

Gonzalo Monroy, director de GMEC, una firma de asesoría especializada en el sector energético, menciona que las empresas han tenido que batallar con un esquema en el que acuden con las dependencias oficiales, pero al final de cuentas, las decisiones más importantes terminan en las manos de una sola persona: el propio López Obrador.

“No existe una secretaría de Energía como la conocíamos antes”, comenta. “Rocío Nahle (titular de esa dependencia) es la ‘secretaria de refinación’, Octavio Romero (director de Pemex) es el ‘secretario de hidrocarburos’ y Manuel Bartlett (director de la CFE) es el ‘secretario de electricidad’. Y pese a todo eso, las empresas con grandes temas terminan remitiéndose a la presidencia, porque es ahí donde en realidad ocurren las cosas”.

Monroy dice que ha habido momentos clave para las empresas privadas y que las han alejado del gobierno federal: el primero de ellos es la insistencia en mantener el proyecto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Otro fue la cancelación de las subastas eléctricas, uno de los puntos más exitosos a nivel internacional de la reforma energética en el país, que fueron dejadas de lado en un acto que a los ojos de las empresas parecía obedecer a un dogma político. Uno más fue el pleito de la CFE de Bartlett para cancelar o modificar contratos de gasoductos ya establecidos.

“En ese momento se prendieron las alertas por el Estado de derecho y el cumplimiento de contratos”, comenta. “No ayuda tampoco nada que muchos organismos, que en teoría son autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, estén cooptados, no hay nadie con quien acudir”.

“A nivel fiscal el reto ha sido grande, principalmente con el SAT. Con el IMSS y el Infonavit la relación ha sido bastante fluida y similar a lo que teníamos en las administraciones pasadas, pero con el SAT es muy diferente. Existe un diálogo y hablamos para plantear lo que necesitamos de las autoridades para facilitar el cumplimiento fiscal, pero la dinámica es otra. Hay temas que no están dispuestos a poner en la mesa y, muchas veces, el SAT se brinca a Hacienda, de la cual depende, para llevar las decisiones finales con la misma presidencia. Eso nos es inédito y preocupa”. -Una fiscalista afiliada a un organismo gremial.

La distancia entre el sector privado y el gobierno federal no podía ampliarse en peor momento. La pandemia de COVID-19, que ha infectado a más de 16 mil 700 personas en México y provocado la muerte de casi 2 mil, generará la que será, coinciden casi todos los especialistas, la peor crisis económica en el país desde la Revolución Mexicana.

El consenso de especialistas económicos consultados tanto por Banco de México (Banxico) como por Citibanamex apuntan a una caída de entre -4 y -12 por ciento del PIB este año. El tipo de cambio, por meses un termómetro de la confianza de los mercados en el país para el presidente, está regularmente por encima de los 25 pesos por dólar. El barril de petróleo cuesta menos que una comida de medio precio.

“En este momento deberíamos hablar de soluciones conjuntas, de un sector privado que tenga facilidades para mantener el empleo y de un gobierno que busque soluciones efectivas para evitar una mayor crisis”, opina Luis Foncerrada, economista en jefe de la American Chamber of Commerce (AMCHAM). “Pero del gobierno solo sabemos que dice que está apoyando a través de los programas que ya conocíamos, más los 25 mil millones de pesos que hay en microcréditos, no creo que sea suficiente”.

A raíz de la disrupción económica de la pandemia, las principales economías del mundo han lanzado agresivos planes de gasto y estímulos fiscales que en todo el mundo suman 8 billones de dólares, de acuerdo con información compilada por Bloomberg. En Estados Unidos, el gasto adicional para combatir la crisis suma más de un billón solamente, mientras que en Brasil su programa es superior a los 100 mil millones de dólares y en Chile y Perú están entre los 10 y 100 mil millones. México está muy lejos de esas cifras.

“El gobierno actual tiene políticas fiscales que ruborizarían al propio Milton Friedman (premio Nobel de Economía y promotor del neoliberalismo)”, asegura Manuel Molano, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación económica y política. “El gobierno tiene una visión caricaturizada del sector empresarial, una visión del pasado que no alcanza a ver que la iniciativa privada no solo son los grandes empresarios, sino también los pequeños negocios”.

De hecho, esos últimos son la mayoría. Según datos del INEGI, en México hay casi 6 millones de unidades económicas, de las cuales más del 90 por ciento son pequeños negocios o emprendimientos que no rebasan los 5 empleados. Ahí están las taquerías, estéticas, talleres mecánicos y otro tipo de negocios por el estilo a quienes el presidente López Obrador asegura que está ayudando con sus créditos y el gasto social a través de programas preestablecidos.

Sin embargo, las empresas de mayor tamaño no están exentas de líos. Y son ellas las que, también de acuerdo con datos del INEGI y el IMSS, generan prácticamente la mitad del empleo formal en el país. “En el gobierno consideran que la iniciativa privada es una fuente inagotable de riqueza y capital”, añade Molano. “La lección que viene, si no ajustan esa visión, será grande y dolorosa”.

“Se le suele echar toda la culpa al gobierno, pero la realidad es que los representantes del sector privado no entienden que muchas cosas han cambiado. Tratan de acercarse de la misma forma que antes. Es muy común que los empresarios lleguen con carpetas llenas de números a reuniones, que hablen de lo que se hace en otros países, pero, apenas se les toca temas como la elusión fiscal, el outsourcing ilegal o cosas similares, y solo dicen que apoyan la legalidad y el Estado de derecho. Como antes, aunque las cosas son diferentes”. -Un funcionario de la Secretaría de Hacienda.

La idea que el presidente López Obrador tiene de los empresarios, y con la que suelen comulgar sus seguidores, es que se trata de un grupo que por años se ha beneficiado de su cercanía con el poder político para enriquecerse. Es común que en sus conferencias matutinas el mandatario enliste una serie de agravios por parte de la élite empresarial, que le impiden comulgar con las propuestas que le ponen en la mesa.

Algunas cifras le dan peso a sus palabras: según datos del SAT, las grandes empresas en México adeudan más de 548 mil millones de pesos al fisco y, de acuerdo con el IMSS, las pérdidas producidas por la subcontratación ilegal se estiman en 21 mil millones de pesos.

El Infonavit calcula que poco más de medio millón de créditos otorgados en 2019 habrían sido para trabajadores en algún esquema de subcontratación ilegal.

“Es cierto que a la IP le hace falta también hacer un poco la tarea de poner la casa en orden”, reconoce José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC). “Vienen momentos de mucha expectativa y el financiamiento privado es clave para el crecimiento, ambas partes necesitan acercarse”.

“Dentro del propio gobierno hay confusión. Una cosa que han hecho algunos, incluidos funcionarios de Hacienda, es que cuando necesitan poner un tema relevante en la mesa del presidente nos piden ayuda para que nosotros lo hagamos público y luego ellos rematar con el presidente. Muchas de las posturas o comentarios que he realizado en público tienen como antecedente reuniones o pláticas con gente del gobierno con la que comulgamos”. -Un líder empresarial.

Es difícil saber el rumbo que tomará la relación entre la iniciativa privada y un presidente que es firme en su convicción de que el programa que implementó desde un inicio para su sexenio es el adecuado, incluso en un momento tan convulso como el actual.

Aunque se requieren medidas extraordinarias para impulsar el crecimiento para los próximos años, algunas voces en el sector empresarial apuntan a que esta administración no conseguirá siquiera alcanzar un crecimiento similar al de los últimos gobiernos. Y ven en la postura presidencial un reto importante.

“Incluso en los momentos positivos parece haber diferencias”, añade Foncerrada de la AMCHAM. “El día del anuncio de los 12 mil millones de dólares del Consejo Mexicano de Negocios y el BID, el presidente planteó argumentos de disgusto en contra de esa buena noticia”.

Uno de los últimos ejemplos de la distancia fue la carta que envió el presidente del CCE, Carlos Salazar, al presidente de la República, en la que se excusó de ayudar a cobrar impuestos a empresas que presuntamente los adeudan.

“Recibo con asombro una carta en donde usted me pide ayuda para cobrar supuestos adeudos de compañías al SAT. Eso escapa a mis atribuciones y representaría una violación de la ley, que, por principio personal, no puedo hacer”. Así respondió Salazar al presidente en un texto que fue filtrado a medios.

La brecha entre ambos no conviene a nadie, en eso coinciden todas las personas consultadas para este artículo. En los mejores años de crecimiento del país, había una relación cercana, o al menos cordial, entre ambas partes. Un momento como el actual no soporta nada menos.

EL FINANCIERO.