Contratos y señalamientos ruta que hunde a Taddei
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Agencias
Ciudad de México (26 de octubre de 2026).- Los contratos millonarios, los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y la cercanía con un empresario proveedor colocaron a Guadalupe Taddei bajo presión hasta anunciar su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
La controversia gira en torno a contrataciones de materiales electorales y a empresas relacionadas con el sector papelero y gráfico, algunas bajo revisión por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y posibles irregularidades en las adjudicaciones.
Entre las firmas mencionadas están Corporativo Zeg, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Las investigaciones financieras también apuntan al entorno empresarial de José Alfredo Hernández Casillas, proveedor vinculado con contratos del organismo electoral. A la discusión se sumaron reportes, fotografías y videos que mostraron a Taddei, familiares y personas de su círculo cercano en reuniones sociales con el empresario, lo que abrió cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene indagatorias sobre las empresas señaladas, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció revisiones por posibles irregularidades en contrataciones. Taddei sostuvo que no había recibido notificación oficial de la UIF y defendió los procedimientos del Instituto.
La presión también llegó al Consejo General. Representantes partidistas exigieron explicaciones y algunos pidieron que dejara el cargo.
El sábado 24 de octubre, según reportes periodísticos, Taddei había rechazado renunciar. Un día después anunció que presentaría su dimisión ante la Cámara de Diputados este lunes 26 de octubre.
La funcionaria argumentó que buscaba proteger la estabilidad y credibilidad del INE. Su salida, sin embargo, no cierra el caso: las investigaciones deberán determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
